El derecho y la inteligencia artificial, “una realidad o un deseo”.

¿Cómo puede afectar la “inteligencia artificial” al mundo jurídico? ¿En qué medida puede servirnos de herramienta a los profesionales del derecho? ¿Cómo podemos aprovechar todo el potencial que ofrece la Inteligencia Artificial en un despacho de abogados? Seguro que todos nos estamos haciendo esta pregunta.

Para empezar, deberíamos preguntarnos que entendemos por Inteligencia Artificial. Aunque parece que no hay una definición unívoca, y para situarnos mínimamente, partiremos de que el diccionario de la RAE define la inteligencia artificial como «una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos, que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico’.

En sí, podríamos decir que nos encontramos ante tecnologías con un cierto nivel de autonomía, que se nutren y aprenden con la información que les es suministrada. En relación a esto oiremos hablar comúnmente de términos como inteligencia artificial generativa, algoritmos de aprendizaje, procesamiento de lenguaje natural o de modelos de lenguaje masivos.

¿Cómo se relacionan estas nuevas tecnologías con el sistema jurídico?

Por una parte, pensemos en la Inteligencia Artificial (en adelante IA) como objeto de derecho, que necesita de una regulación determinada.

La IA como herramienta de innovación que afecta  a todas las esferas de la humanidad, necesita de una regulación que marque los límites y la metodología necesarias para su uso, dentro de los márgenes del ordenamiento jurídico.

Si bien es cierto que llegar a una regulación homogénea no está exento de complicaciones, dado que cada país tiene su propio sistema jurídico, todos coincidiremos en que deben establecerse unos mínimos consensuados en el ámbito internacional, de respeto a principios básicos  como los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación.  Tema que entronca inexorablemente con la regulación y la ética.

En efecto y en este sentido se centra la Propuesta de reglamento europeo, de la Comisión Europea 2021. Y en España nos encontramos con el marco referencial de la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y no discriminación. [1]

Pero en un segundo y no menos importante lugar, podemos contemplar la IA como herramienta jurídica.  Cuestión que respondería a la pregunta ¿en qué medida podremos beneficiarnos de ella los profesionales del derecho?.

En tal sentido, se nos abre un mundo lleno de posibilidades que yo he concretado por lo menos en las siguientes:

1. IA para la creación de contenidos y elaboración de dictámenes.

En este caso podríamos contemplar la IA como una herramienta útil para aumentar la productividad del profesional de la abogacía, que le permitiría redactar contratos y otros documentos de forma más rápida, ágil y con menor margen de error.

Pongamos como ejemplo la redacción de contratos, escrituras notariales sobre liquidación de bienes, particiones hereditarias y un sinfín de documentos que podrían elaborarse de forma más rápida y eficaz, partiendo de las bases o parámetros deseados por el cliente. En estos casos ya contamos con sistemas que nos permiten reproducir las “clausulas tipo”, tales como las cláusulas de confidencialidad, de competencia judicial etc de forma automática lo cual nos ahorra un tiempo que podremos dedicar a profundizar en otros ámbitos de nuestro trabajo.

 

2. La IA como gestor de procesos.

Sirva de ejemplo un sistema de IA que pudiera analizar si un escrito de interposición de un recurso cumple con los requisitos procesales exigidos para ser admitido a trámite (recursos específicos como la casación o el Recurso de Amparo), sin entrar en el fondo del asunto.

Esto sería de gran ayuda a los profesionales del derecho que previo a iniciar un trámite riesgoso como un recurso, podrían verificar el cumplimiento de los requisitos procesales, evitando así costas o costes para el cliente.

3. La IA como herramienta de ayuda para la valoración de la prueba.

El uso de la IA nos permitiría la evaluación y análisis de informes periciales basados en cuestionarios y test de una forma rápida y con un grado de exactitud que permitiría a los peritos y abogados dedicar su tiempo a realizar sus conclusiones de forma más eficaz.

En el derecho penal se puede utilizar para el reconocimiento de voces en grabaciones e incluso se discute su utilización para el reconocimiento facial (cuestión que entronca con la polémica IA versus derechos humanos).

4. Análisis y búsqueda de jurisprudencia.

El uso de la IA nos permite hacer búsquedas rápidas de los fundamentos legales necesarios para utilizar en un caso en concreto, permitiendo ahorrar una cantidad importante de tiempo al letrado reduciendo tiempo de investigación.

5. El uso de asistentes virtuales o chatbots basados en IA

Los asistentes virtuales pueden ayudar en la atención de clientes o potenciales clientes a responder preguntas sencillas y rápidas, permitiendo al letrado/a dedicar el tiempo a tareas de mayor valor.

6. La IA como predicción de resultados

Es decir, como herramienta del letrado/a para la toma de decisiones y diseño de estrategias, basada en el análisis de jurisprudencia y ley aplicable.

Dicha predicción podría realizarse en base a indicadores de casos anteriores análogos al estudiado, teniendo en cuenta la existencia de un margen de error determinado o determinable, dado que en derecho intervienen sujetos y situaciones concretas y por tanto en mi experiencia sería utópico decir que “existen dos casos iguales”.

Inteligencia Artificial en Derecho de Familia

Veamos algunos ejemplos de uso de la IA en el ámbito del  Derecho de Familia.

Cuando un cliente nos consulte sobre cómo abordar la demanda de divorcio y que medidas sería aconsejable pedir a consecuencia de la ruptura, podríamos analizar la conveniencia de solicitar unas u otras con la ayuda de la IA.

Pensemos, en una medida tan controvertida en esta materia como lo es la relativa al uso del domicilio familiar.

Más de una vez hemos solicitado el uso alterno del domicilio familiar por periodos temporales cuando los hijos son mayores de edad, frente a la corriente que está comenzando a imponerse en algunos tribunales de acordar la extinción de su uso, una vez los hijos alcanzan la mayoría de edad sin más pronunciamientos sobre ulteriores atribuciones con el fin de propiciar la inmediata liquidación de la propiedad.

En este caso, la IA nos ayudaría a saber cuál es la tendencia mayoritaria en el foro de que se trate y la mejor estrategia a la hora de formular la demanda.

O por ejemplo, si un cliente nos preguntara sobre las probabilidades que tiene de prosperar una solicitud de indemnización por trabajo al hogar–  (art. 1438 del Código Civil)- en casos de separación de bienes, según las condiciones del caso concreto, podríamos realizar un análisis de probabilidades, que nos ayudaría a elegir entre la alternativa de iniciar un proceso judicial o la previa vía de la negociación.

Otro uso que podría ser de gran utilidad en el derecho de Familia (y probablemente extensible a otros), sería el de la IA como herramienta de ayuda para la determinación de las medidas estrictamente económicas, como lo es la determinación de los alimentos,  en base a indicadores de ingresos de los progenitores, gastos familiares, edad de los hijos y lugar donde radica el domicilio familiar.  Todos sabemos que en derecho de familia las decisiones de los tribunales sobre el importe de las cantidades correspondientes a las pensiones alimenticias son muchas veces aproximativas y ello da lugar a un gran porcentaje de recursos que podrían minimizarse.

Por no hablar del gran campo de uso que podría tener en materia de VIOLENCIA DE GÉNERO, especialmente como herramienta profesional, para una cada vez más certera evaluación del riesgo de reincidencia, en base a los indicadores o circunstancias del caso concreto.

En resumen, probablemente a los profesionales del mundo jurídico se nos abre ahora un gran número de posibilidades, que habrá que ir paulatinamente integrando y que pueden suponer un avance de dimensiones inimaginables.

Ahora bien, todo avance contiene sus riesgos y de ello no escapa la Inteligencia Artificial. Uno de los casos más claros es el de la aparición de discriminaciones en base a información sesgada o por ejemplo el relativo al control de la privacidad y protección de datos.

¿Sustituirá la IA a los abogados?

La acción y supervisión humanas son indiscutiblemente necesarias para asegurar la solidez técnica de los sistemas, la gestión y privacidad de los datos, la transparencia, y peligros tales como los sesgos y la discriminación que pueden generarse como consecuencia de bucles perniciosos de retroalimentación del sistema. Por ello la respuesta será sin duda alguna negativa.

Pero, es más, no debemos olvidar que en derecho y más en el ámbito del derecho de familia y sucesiones que ocupa mi día a día, las decisiones que adoptamos afectan a las personas y sus emociones y los profesionales del derecho serán insustituibles como lo son las relaciones humanas con las que trabajamos.

Si necesitas asesoramiento legal puedes ponerte en contacto con nuestro despacho.

 

[1] Artículo 23. Inteligencia Artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados.

1. En el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de la Carta de Derechos Digitales y de las iniciativas europeas en torno a la Inteligencia Artificial, las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones que se utilicen en las administraciones públicas tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, siempre que sea factible técnicamente. En estos mecanismos se incluirán su diseño y datos de entrenamiento, y abordarán su potencial impacto discriminatorio. Para lograr este fin, se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que determinen el posible sesgo discriminatorio.

2. Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias en el ámbito de los algoritmos involucrados en procesos de toma de decisiones, priorizarán la transparencia en el diseño y la implementación y la capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los mismos.

3. Las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una Inteligencia Artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo especialmente las recomendaciones de la Unión Europea en este sentido.

4. Se promoverá un sello de calidad de los algoritmos.